Isaac León Frías envía este artículo que publicó antes en su Facebook.
Hace pocos días adelanté en esta red social un texto que luego se publicó en el blog Páginas del Diario de Satán. Ahora lo hago nuevamente con un comentario adicional que añade elementos de juicio a los que redacté sobre el caso de las críticas e impugnaciones al documental Hugo Blanco. Río Profundo. Ricardo Bedoya lo acaba de expresar muy bien en el podcast Páginas Indiscretas: el documental es solo un pretexto, el objetivo al que apuntan esas críticas es a la ley de cine y al apoyo que el Estado le otorga a la actividad cinematográfica.
Es verdad. El documental les sirve de caballito de batalla a quienes, sin siquiera haberlo visto ni tener el menor interés de verlo, cuestionan que el Estado esté involucrado en la ayuda al cine en el Perú. Son quienes piensan que el cine debería estar librado, como las artes y la cultura en general, a las leyes del libre mercado. Que además se hagan películas con recursos estatales como El viaje de Javier, La revolución y la tierra o Hugo Blanco. Río profundo, es una razón más para el rasgado de vestiduras. Cabe aclarar que esta última es una coproducción peruano-austriaca que no tuvo el premio de producción que entrega la DAFO y que es el de mayor cuantía. Lo que ha obtenido es un premio de menor cantidad para la distribución. Pero es un premio de la DAFO y está dentro de los estímulos para apoyar al cine peruano.
Hay que recordar a los críticos del apoyo estatal al cine peruano, con medidas que se promulgaron durante el primer gobierno de Fujimori, como recordé en el texto anterior, que prácticamente no existe ningún país de la región, como ninguno en el continente europeo, en el que no haya una u otra forma de apoyo estatal al cine. Argentina y México lo tienen desde hace muchas décadas. Brasil un poco menos, y así todos los demás. Ningún gobierno de signo derechista como el de Macri en Argentina, el de Uribe y ahora Duque en Colombia, o el de Piñera en Chile han recortado esos apoyos. En algunos casos incluso los han incrementado. ¿Por qué el Perú tendría que ser una excepción?
Estados Unidos no ha contado nunca con la participación gubernamental de una u otra manera en la industria cinematográfica, pero es un caso excepcional. El de un país que levantó, sobre la base de la empresa privada, la cinematografía más poderosa del mundo y que por ello tiene una expansión universal hasta ahora inamovible. Una cinematografía que ha hecho y sigue haciendo, aunque naturalmente no en su totalidad, películas notables, pero que al mismo tiempo copa las salas de exhibición de todas partes a través de los mecanismos del marketing, la publicidad y, por cierto, la eficacia narrativa y mitogénica de sus producciones.
¿No hay derecho para que el nuestro, igual que el resto de los países del mundo que no sean los Estados Unidos, defiendan espacios de pantalla y promuevan con ello el desarrollo de un cine que no podría hacerse sin apoyos? Tendríamos que olvidarnos de realizadores como Francisco Lombardi o Josué Méndez, Claudia Llosa o Melina León, Gonzalo Benavente u Oscar Catacora, pues no estarían en condiciones de hacer proyectos independientes con un mínimo de viabilidad comercial. Sería el imperio absoluto del mercado y solo sobrevivirían empresas peruanas como Tondero o Big Bang que hacen películas pensadas en función de la taquilla, pero ni siquiera eso es seguro. Es decir, ni siquiera se garantizaría con la falta de apoyo del Estado que esas empresas continuaran produciendo, pues mal que bien los apoyos del Estado contribuyen a ampliar las posibilidades de quienes no compiten por premios, pero se ven favorecidos por un marco regulatorio favorable.
Sin apoyos estatales, la cultura sobrevive en condiciones muy precarias, y la existencia de un cine peruano que aporta a nuestro acervo artístico e histórico y que obtiene reconocimientos en diversas partes del mundo se vería condenada a la inanición.
Isaac León Frías