Emilio Bustamante envía el siguiente comentario sobre los concursos de largometrajes exclusivos para regiones que convoca el Ministerio de Cultura.
La creación de los premios del Ministerio de Cultura para proyectos de regiones con excepción de Lima Metropolitana y Callao estuvo motivado por el movimiento del llamado cine regional que se inició en 1996 y que ha tenido como principales escenarios Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca. Estos premios buscaban desarrollar el cine en las regiones para que las películas allí realizadas alcanzaran estándares requeridos para su exhibición nacional e internacional, e incorporar a los cineastas regionales a la formalidad. Establecían una especie de discriminación positiva en cuanto permitían que las empresas regionales postularan a ellos sin perjuicio de que pudieran postular también a los concursos nacionales; en cambio, las empresas limeñas no podían postular a los concursos regionales.
Explícitamente, las bases de los concursos de largometrajes exclusivo para regiones han venido señalando como su objetivo: “Incentivar la producción de obras cinematográficas peruanas de largometraje de ficción en las regiones del país (excepto Lima Metropolitana y Callao)”, y como finalidad: “Fomentar la creación de obras cinematográficas peruanas de largometraje de ficción, y enriquecer cuantitativamente y cualitativamente el mercado cinematográfico con una mayor oferta de producción nacional”, buscando así “descentralizar la actividad cinematográfica”.
En los últimos años, sin embargo, se ha notado de manera reiterada una desnaturalización del sentido y la finalidad de la norma por parte de participantes y jurados ante la pasividad de las autoridades del Ministerio. Han sido premiados proyectos presentados por empresas que se domicilian en regiones (acatando así lo estipulado en las bases) pero que no tienen mayor actividad en estas y que, inclusive, parecen creadas con el fin específico de postular a los concursos del Ministerio de Cultura. Varios de los proyectos premiados, además, presentan como directores a cineastas que no viven ni trabajan en las regiones. La intención sería aprovechar la convocatoria de premios regionales para presentar un proyecto que tendría mejores posibilidades de ganar en concursos con menores participantes, quienes –además- en su mayoría no gozan del conocimiento ni la experiencia en la elaboración de proyectos cinematográficos del tipo que se premia.
El caso más flagrante tuvo lugar el año pasado, cuando el premio destinado a las regiones en el concurso de proyectos de largometraje documental recayó en el de la empresa Quechua Films Perú que postuló por la región Cusco y presentó como director al conocido y experimentado cineasta Javier Corcuera. Este año han sido seleccionados seis proyectos para el pitching del concurso de proyectos de largometraje exclusivo para regiones, pero la mayoría de los directores de esos proyectos no trabajan en la región por la que el proyecto postula. El concurso queda así desnaturalizado, pues se aparta por completo de las razones por las que fue creado.
En diciembre del año pasado, la naciente Asociación Cineastas Peruanos, conformada por realizadores regionales de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Puno y Tacna, alertó sobre este asunto, pero su reclamo ha sido evidentemente ignorado. Creemos que, dadas las circunstancias mencionadas, deberían modificarse las bases de los concursos, estableciendo en ellas como requisitos que el director del filme propuesto y un porcentaje mayoritario del personal residan y trabajen en la región.
Emilio Bustamante